La discusión por el informe de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa llegó a la tribuna de la Comisión Permanente, donde Morena y aliados demandaron fincar responsabilidades penales a ex funcionarios, mientras que el PRI defendió al ex procurador general de la República, Jesús “M”.
En lo que fue la última sesión del periodo de receso legislativo, la senadora Claudia Ruiz Massieu, ex funcionaria en el gobierno de Enrique Peña Nieto, dijo que los hechos del 26 de septiembre de 2014 merecen “la más enérgica y contundente condena”.
Afirmó que no se escatimaron esfuerzos para encontrar a los estudiantes por el gobierno de la República, el Ejército, la Marina, Policía Federal y la ex PGR.
“Lo digo de frente y lo digo con claridad, respaldamos totalmente al ex procurador general de la República, quien, junto con otros funcionarios de la administración pasada trabajó arduamente para esclarecer los hechos, la prueba radica en que en esencia, las conclusiones de la Comisión de la Verdad de la entonces Procuraduría son muy similares, que los muchachos fueron privados de su libertad y de la vida por grupos locales quienes son responsables de su asesinato”, apuntó.
En su discurso, la mirada de Ruiz Massieu se dirigió siempre hacia el lado de los morenistas y aliados, y rechazó la narrativa del gobierno de que el caso Ayotzinapa es un crimen de Estado.
“Esperamos que la detención del ex procurador, así como de otras personas señaladas como presuntos responsables obedezca estrictamente a la búsqueda de la verdad y no a un interés político y a un ánimo de revanchismo. Rechazamos por lo demás la narrativa de crimen de Estado, es la construcción falaz de una imputación, de una inducción al imaginario colectivo. Hay que distinguir entre los hechos: un grupo de jóvenes que fue privado de su libertad y eventualmente de su vida por grupos de delincuencia organizada de otra circunstancia”, apuntó.
En tanto que la ex presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, consideró que lo ocurrido a los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos sólo se compara con momentos oscuros, como la matanza de Tlatelolco, la represión del Jueves del Corpus o la persecución política de la que fueron víctimas miles de mexicanos por el simple hecho de pensar diferente, como fue en la Guerra Sucia.
“El crimen de Ayotzinapa no puede ni debe quedar impune. Muchos pensábamos que ya había pasado aquellos días en que se ordenaban ejecuciones, un 27 de septiembre nos amanecimos con la terrible noticia de que un grupo de 43 jóvenes habían sido cruelmente desaparecidos. Eran jóvenes cuyo único pecado era soñar con un México diferente”, dijo la senadora morenista.
Por su parte, Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, cuestionó el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, que presentó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
Afirmó que la presentación del mismo informe fue una buena demostración de por qué una Comisión de la Verdad no debe ser gubernamental, porque lo que se vio fue a un servidor del gobierno que, presentó la versión del gobierno.
“Y lo que vimos en esencia es el montaje de una construcción de una nueva verdad oficial… Tendría que conocerse de los demás niveles de responsabilidad. Por ejemplo, quien es hoy secretario almirante era jefe de la Zona Naval en Acapulco, sabemos que Tomás Zerón actuó con marinos, por ejemplo, para ‘sembrar’ evidencias o al menos así se ha presumido. ¿Cómo así que Ojeda no supo? ¿Cómo así que el hoy secretario de la Marina no estuvo enterado?, perdón, no es verosímil ni creíble”, señaló el senador.
También preguntó al diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña:
“¿Usted cree que es verosímil que el comandante de la Zona Naval, hoy secretario de Marina con la participación de efectivos marinos con Tomás Zerón no se hubiera enterado? ¿Usted cree que un militar infiltrado, el general secretario no se hubiera enterado? Y con base en esas respuestas me gustaría que me dijera: ¿por qué no han sido señalados por la Fiscalía para por lo menos llamados a denunciar, presunción de inocencia? ¿Pero por lo menos llamados a ser investigados?”.
Enseguida, Fernández Noroña respondió que a ex funcionarios deben fincárseles cargos penales por la desaparición de los normalistas, ocurrida en Iguala, Guerrero.
“Yo al igual que usted considero que se debe llegar hasta las más altas responsabilidades. Me parece infame que se haya dejado morir a un soldado, infiltrado, para cubrir la situación existente. Está documentada la participación del Ejército desde hace mucho… y me parece que hasta allá deberá llegarse… Yo creo que se debe proceder contra el ex secretario de la Defensa, Cienfuegos; contra el ex presidente Peña Nieto, no conocía los datos que da sobre el almirante, pero si así fuese procedería también”.
En tanto que el diputado del PRI, José Yunes Zorrila, afirmó que este tema es tan vil que puede utilizarse políticamente para tratar de cambiar versiones, posicionar y legitimar a un gobierno.
También refirió que el informe que presentó Alejandro Encinas “fundamentalmente es el mismo” que reveló la anterior administración: “jóvenes que fueron interceptados por cuerpos policíacos municipales en una administración vinculada con el mismo partido que hoy gobierna la República y que los pusieron a disposición del crimen organizado. Que los integrantes del crimen organizado los desaparecieron”.
Fuente: Milenio / Foto: Archivo / JAC
